Denuncia al Justicia de Aragón por el Impuesto de Sucesiones y Plusvalías

Al Justicia de Aragón:

Muy Señor Mío: 

En los últimos tiempos, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza nos ahogan a los zaragozanos con tributos confiscatorios en Sucesiones, Donaciones y Plusvalías; la DGA también ha rebajado a 400.000 € la exención del Impuesto de Patrimonio, alineándose con las comunidades autónomas más cicateras, en lugar de hacerlo con aquellas comunidades como Madrid, que prácticamente han abolido esos impuestos.

Con esa actitud, la DGA, al igual que el Estado, ignora la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 que determina que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España viola la legislación comunitaria, siendo incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la UE en cuanto a la libre circulación de personas y de capitales y con el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

El Impuesto de Sucesiones es gravemente injusto: los bienes que se transmiten mortis causa son resultado del ahorro de un causante, que se ha ajustado el cinturón para dejar algo a sus descendientes, en lugar de gastárselo; dinero e inmuebles que transmite limpios, en el sentido de que ha pagado por ellos todos los impuestos y cargas fiscales imaginables. Técnicamente se conoce como doble imposición: porque obliga a pagar por lo que ya se ha pagado; coloquialmente se le conoce como el impuesto al muerto, pero a los que se castiga con él es a los supervivientes. La cantidad de situaciones injustas que pueden darse sirven para constatar el desafuero de este impuesto, que añade carga a las familias, obligadas por la pérdida de uno de sus miembros a asumir gastos imprevistos (gastos de sepelio, de gestoría, declaración de herederos, registrador, notario, etc.). No son impuestos que afecten sólo a los ricos, afectan tarde o temprano a toda la sociedad, y varias veces a lo largo de la vida.

La injusticia aumenta por el hecho de que también el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el Impuesto Municipal sobre las Plusvalías, sin que el Gobierno haya hecho nada para cumplir dicha sentencia. En teoría, grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos, pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. El TC considera inconstitucionales los impuestos que afectan a "aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia". Señala el TC que corresponde al legislador, a partir de la publicación de la sentencia, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. O sea, deberán ser diseñados de nuevo estos impuestos locales de manera que no se graven "situaciones" en las que no se haya producido una ganancia económica o se impida "a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor".

Nuestras instituciones: Estado, DGA y Ayuntamiento de Zaragoza, en lugar de acomodarse con agilidad a las decisiones judiciales del TC y de los Tribunales Europeos, persisten en una actitud incomprensible de incumplimiento y dejación, permitiendo que pase el tiempo en perjuicio de los contribuyentes. La sociedad tiene derecho a que la Administración se acomode a unos ingresos que respondan a unos impuestos legales y justos. El retraso de nuestros políticos en acatar las sentencias de los altos tribunales hace pensar, que pueden estar maquinando un plan para hacer como que se mueven sin tocar nada.

Es manifiesta la falta de respeto que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene con los contribuyentes que se acercan a sus oficinas a liquidar el Impuesto de Plusvalía. Para comenzar, las explicaciones para rellenar el modelo son difíciles y como tal, discutibles. Pagas una cantidad importante, al margen de que la liquidación por el impuesto de sucesiones haya resultado exenta, lo cual aumenta la injusticia. La complicación crece cuando los funcionarios no están formados. Puedo acreditar que eso ocurrió en mi caso, pues me obligaron a pagar una segunda plusvalía por vender a otro familiar mi parte de la casa heredada. Entendiendo que esa segunda plusvalía contradecía la Ley, recurrí y recuperé el dinero. Un funcionario formado hubiera evitado semejante desafuero.

Por contradictorio que resulte, concluyo, que los políticos que agravan en sus comunidades los Impuestos de Sucesiones y Plusvalías no tienen un objetivo recaudatorio. En aquellas comunidades en las que suben este impuesto, la recaudación general baja, aumentando la recaudación en las que suprimen o rebajan este impuesto. Tenemos derecho a pensar que los políticos de determinado signo van más allá de la recaudación: y que tienen como objetivo, por increíble que parezca, acabar con la propiedad privada, y con ella, con la clase de españoles que son propietarios de inmuebles, y que lo hacen amparándose en una interpretación sesgada de la función social de la propiedad. El ataque va contra la Sociedad Civil Española que es propietaria de bienes inmuebles, porque les molesta. Saben que la clase media es garantía de estabilidad en una sociedad, y esto es un inconveniente para quien quiere imponer cambios y revoluciones. El mismo ataque se produce en paralelo en otras comunidades autónomas españolas con gobiernos de parecido signo político.

Esta política está llevando a muchas familias a cambiar de residencia y domicilio fiscal a comunidades autónomas vecinas, donde la presión fiscal es menor, algo que no debería suceder si se cumpliera el artículo 14 de la Constitución, ese que miente cuando dice que los españoles somos iguales ante la Ley. 

Por todo lo anterior, SOLICITO al Justicia de Aragón que denuncie los abusos que sufrimos los contribuyentes de esta Comunidad, cuando tenemos que heredar. Un territorio que forma parte de un país que se desmorona, por obra y desgracia de unos partidos políticos que llevan muchos años traicionado a los españoles.