A vueltas con la huelga del 29 S.-

Existe un mandato constitucional en el artículo 28.2 de nuestra Constitución para regularizar el uso del derecho de huelga, que, curiosamente, no han tenido tiempo de desarrollar en más de 30 años.  No es un mandato imperativo inmediato, pero está puesto para que se cumpla.

Art 28.2.- Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Pues bien: Ninguno de los Presidentes del gobierno que han pasado por la Moncloa se ha atrevido a regular el derecho de huelga en una ley; los sindicatos por su parte, tampoco lo han exigido, dejando claro que no quieren ninguna regulación.

Todos duermen tranquilos, aun sabiendo, que esa falta de legislación perjudica gravemente a la mayoría de los ciudadanos que, en caso de huelga –sobre todo en una huelga general-, nos vernos atropellados por la razón de la fuerza, al no poder ejercer el derecho al trabajo, al transporte público y privado, a que nuestros hijos vayan a la escuela ese día, hagamos o no hagamos huelga, e incluso a defender cualquier otro derecho, sin que nos rompa la cara impunemente un piquete informativo.

Si hubiera una regulación del derecho de huelga, todos sabríamos a qué atenernos frente al ejercicio de ese derecho y a los abusos que puedan cometerse en su nombre, sobre todo, los jueces y magistrados. Como no la hay, el próximo día 29 de septiembre y en cualquier huelga, puede pasar de todo.

Este gobierno se merece todo lo que le pase, pero esta huelga no la va a sufrir en sus carnes, la vamos a padecer todos los españoles. En ese sentido, merecería manifestaciones sin cuento; que no pudieran salir de sus casas y palacios sin abucheos constantes; que se les negara el pan y la sal, hasta aburrirles y forzar nuevas elecciones generales por su incompetencia y mala gestión, pero esta huelga general es una patada al gobierno en culo ajeno (el nuestro). Cuando los sindicatos mayoritarios han tenido que salir a protestar –y mira que han tenido motivos- se han quedado en sus sedes recibiendo por su comprensión ayudas millonarias.

En esta situación, con unos sindicatos que han estado mirando para otro lado, ante cifras infinitas de paro debidas al despilfarro del dinero público y la mala gestión, apostaría por echarle dos narices el día 29 y hacer lo que nos pida el cuerpo, pero, en ningún caso, permitir que otros (que apenas representan al 15% de los trabajadores) nos impongan su voluntad. Sus piquetes no pueden pararnos, si queremos hacer lo que nos venga en gana, porque no tienen razón.

Los bautizados por el sentido del humor popular como Yogui y Bubu, Tocho y Mocho, etc., mano izquierda y mano contraria de Zapatero, no pueden imponernos a todos los españoles su voluntad totalitaria. Por muy buenos que sean negociando servicios mínimos para nosotros o por muy santas que sean sus razones para movilizarse, disfrutando primero de unas inmerecidas vacaciones en crucero o manteniendo hábitos culinarios en restaurantes caretes, que ningún trabajador se puede permitir. Con o sin servicios mínimos, nos están pateando el culo, sobre todo a los parados, de los que se rien. 

Es preciso votar en democracia por gente seria que lleve en su programa electoral, entre otras cosas, la regulación del derecho de huelga; gente que dé garantías de que lo van a hacer desde la seriedad y la autoridad, pues en una democracia la voluntad no la puede imponer la banda de la porra sindical. También es necesario, que haya un control de las cuentas de estas organizaciones, a través del Tribunal de Cuentas, que paguen impuestos y que no reciban un solo euro de dinero público.


Siendo necesaria la representación laboral, ésta debe ser independiente de poderes públicos y empresariales, y carecer de cualquier privilegio fiscal, que sabemos que el que paga o perdona manda.