El Estado de las Autonomías a debate: Después de 30 años, ¿nos beneficia o nos perjudica?

Después de 30 años de desarrollo constitucional a nuestras espaldas, y en un momento de crisis galopante que nos tiene atemorizados, nos damos de bruces con la cruda realidad: además de las dificultades que tenemos para afrontar nuestras propias deudas, nos damos cuenta de que no nos rebajan los impuestos porque tenemos que financiar los gastos que originan nuestros 20 gobiernos constitucionales (1 gobierno central, 17 autonómicos y dos ciudades autónomas). ¡Casi nada! 20 gobiernos para un territorio que se cruza en 40 minutos de avión o en 12 horas de coche, con una de las densidades de población más bajas de Europa. ¿A quién se le ocurrió semejante dislate?, ¿cómo se lo consentimos? No es momento de lamentarse, pero lo que no podemos es mantener ni un día más una organización gigantesca e innecesaria que beneficia a unos pocos y arruina a la mayoría.

Tímidas voces comienzan a cuestionar el llamado "Estado de las Autonomías", al que ven, como un grave error: una fórmula de gobierno excesiva para un país pequeño en extensión y con buenas comunicaciones, que lastra económicamente nuestro presente, y amenaza nuestro futuro. Se ha desarrollado a conveniencia de los nacionalismos, por la debilidad que han venido manifestando los sucesivos gobiernos centrales, debido a otro dislate mayúsculo originado por una Ley Electoral, que también urge reformar.

Seguramente, que la mayoría de los llamados "Padres de la Constitución" pusieron buenas intenciones cuando redactaron la parte que trata de las Autonomías; pero vemos que no juzgaron bien a los nacionalistas, alguno de los cuales aún presume de no haber votado la Constitución. ¡Bien que la aprovechan! Siempre han buscado la separación. Aunque en su mente está abandonarnos cuando no tengamos nada más que ofrecer.

Hay quien defiende que el desarrollo económico que hemos tenido en España ha sido gracias al desarrollo autonómico. Otros opinan lo contrario: que si en lugar de un Estado Autonómico, hubieran optado los "Padres de la Constitución" por un Estado Central fuerte, apoyado en la organización provincial existente, el desarrollo económico de estos 30 años de democracia hubiera sido mayor. Les hubiera bastado con añadir a la organización provincial, funciones de coordinación y apoyo a los ayuntamientos de cada provincia, para convertirlos en el apéndice más cercano de la administración al ciudadano. Todo estaba hecho y únicamente hubiera sido cuestión de adaptar la organización existente a las nuevas leyes constitucionales. Ahora tenemos las Autonomías, pero los ciudadanos seguimos desamparados, y los ayuntamientos, que son los entes más cercanos a los cives, carecen de financiación, pues los recursos se los quedan las Autonomías.

A treinta años vista, el panorama que tenemos es inquietante, por más que la mayoría cierre los ojos, empeñada en no ver el problema. Ha costado un potosí desarrollar los gobiernos autonómicos, y hoy, cuando están a pleno funcionamiento, tienden al derroche, lo que dificulta cada vez más su financiación; pero no es eso sólo, que las diferentes Autonomías tienden también a distanciarse unas de otras haciendo políticas de diferenciación con las demás. sobre todo cuando están gobernadas por partidos distintos o cuando en esas comunidades hay una lengua diferente, a la que potencian en perjuicio de la lengua común, a la que arrinconan. Esas comunidades suelen renunciar a la historia común de todos los españoles, inventándose la suya propia; dejan de inculcar a los niños los mismos valores en la educación, y prescinden de una cultura común que tantos siglos nos ha costado adquirir.

Respecto al Poder Central, la situación que se detecta es de debilidad respecto a determinadas Comunidades Autónomas:

. Un Gobierno Central débil con sus ministros y sus ministerios (muchos de ellos sin competencias conocidas o duplicadas con las Autonomías).

. Un parlamento, con su Congreso y Senado, dónde la disciplina de voto rompe la figura del diputado, que no pinta nada o pinta muy poco en el panorama político y en la defensa de los intereses de sus votantes.

. Un poder judicial, que depende del ejecutivo hasta extremos inusitados, y que no funciona.

El papel dependiente que ejercen en España los poderes Legislativo y Judicial respecto del Poder Ejecutivo haría palidecer a Montesquieu, que suspendería a nuestra clase política, por no haber entendido o no haber querido aplicar su teoría sobre la división de poderes. La conclusión a que se llega, es que, en nuestro país, la democracia como tal no existe; en esto desgraciadamente Spain is diferent y peor.

El Poder Autonómico, que se supone respondía a la necesidad de acercar la Administración al ciudadano, ofrece un panorama todavía peor, con 17 Autonomías, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A los males citados de falta de separación de poderes, añade males nuevos que tienden a romper entre otros el principio de solidaridad territorial, y el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos españoles, que en función de su residencia, son ciudadanos de primera o de segunda.

. 17 gobiernos autónomos, más los de Ceuta y Melilla, obsesionados por el gasto, con su Presidente y sus ministrines, en coches oficiales más o menos blindados, con guarda espaldas incluidos.
. 17 parlamentos con sus correspondientes diputados, que disputan al Parlamento Central sus funciones, y hacen que la legislación de las distintas Autonomías sea diferente. Apañado estás cuando tienes que hacer gestiones en una administración diferente a la tuya (Herencias, etc.). En cada sitio se pagan diferentes tasas.
. 17 organizaciones judiciales atascadas.

En el Estado de las Autonomías las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no lo tienen fácil:

. Cuando llegó esta pseudo democracia a España, disponíamos de un ejército regular con pocos medios, pero asentado en todo el territorio nacional. Entre unos y otros lo han convertido en un ejército profesional, que no ejerce como ejército, sino como ONG, y que, de hecho, está ausente de algunas Autonomías, e incluso de España. Muchos cuestionamos que en estos momentos esté en condiciones de cumplir con el papel que la Constitución le otorga como garante de la soberanía, independencia y defensa de la integridad territorial de España.

. La Guardia Civil y la Policía Nacional también han abandonado algunas Autonomías, desplazadas por la policía autonómica correspondiente.

. La policía local, por su parte, se han visto incrementada notablemente, sustituyendo a la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Autonómica en alguna de sus funciones.

Con tanta variedad de fuerzas policiales, la coordinación no es fácil, y quien sale beneficiado no es el buen ciudadano. Al final, el Estado se ha visto obligado a elegir entre guardar el orden o la seguridad y ha optado por guardar el orden; la seguridad de las empresas y particulares ha pasado a ser un negocio al margen del Estado y los ciudadanos nos vemos obligados a contratar servicios privados de seguridad y vigilancia porque el Estado no puede garantizarla. Así, pululan por nuestro país pequeños ejércitos privados y armados que seguramente superan al policial, muchos de cuyos miembros, puedan o no, ejercen como guardias de seguridad en sus ratos libres.

En un momento de crisis como el actual, se dice de nuestro país que le será muy difícil salir de esa crisis, porque nuestras empresas no pueden competir en productividad ¡Vamos!, que los trabajadores españoles no somos productivos.

¿Cómo lo vamos a ser?: Entre el Estado Central, las Autonomías, las Policías Autonómicas, todas con sus funcionarios "fetén", a los que hay que añadir los funcionarios "añadidos" de partidos políticos y sindicatos, que al final también cobran de los Presupuestos Generales del Estado, sumamos un número de gente que supera con mucho el 30 % de la población activa.

En estos momentos difíciles algo tendremos que hacer los contribuyentes: seguramente que no podemos romper la situación de hoy para mañana, pero sí ir concienciando a nuestros amigos de la necesidad de cambiar nuestro voto y otorgarle nuestra confianza a los políticos que propongan suprimir las Autonomías y reforzar el Estado Central. Con ello podremos librarnos de unos gastos innecesarios, que podremos dedicar a incrementar la productividad y el desarrollo económico del país, arrinconando con nuestro voto a los partidos políticos que defiendan las Autonomías o el separatismo.

Defendamos con nuestro voto la igualdad ante la ley, la lengua común, una educación racional y unificada que no desconozca la geografía del vecino ni la historia común, la igualdad como contribuyente, la solidaridad, la racionalización del gasto, etc., etc.

El dinero lo ponemos nosotros. No dejemos que los políticos se nos impongan: son como el administrador de la comunidad, empleados nuestros.

No nos conformemos con ponerlos verdes: ¡Mandémoslos a sus casas antes de que nos arruinen y nos echen a reñir a unos contra otros!